El pasado día 13 se aprobó una propuesta que permitirá a los ciudadanos de la Unión Europea utilizar el catalán, el vasco o el gallego para dirigirse a dicha institución.
Estas lenguas, cooficiales en algunas regiones de España, podrán utilizarse en comunicaciones escritas y, en el caso de los representantes autonómicos, en reuniones de carácter institucional. Sin embargo, estas lenguas no recibirán el rango de oficiales. Por lo tanto, la documentación de la Unión no se traducirá oficialmente a las lenguas de España distintas del español.
Es posible que el Gobierno de España traduzca parte de esa documentación de forma meramente informativa.
Además, será el Gobierno Español quien financie los gastos derivados de la traducción de las comunicaciones realizadas en lenguas de España al español. Este gasto se ha estimado en unos 1.500 millones de euros anuales. Una cifra muy inferior a la que supondría otorgar el rango de oficiales a esos tres idiomas.
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